El Gobierno plantea penas de prisión contra la distribución ilegal

Sanidad y las comunidades autónomas trabajarán en un Plan piloto de análisis de datos para actuar y prevenir estas actividades

Madrid, 16 de enero. Gobierno y comunidades autónomas están dispuestos a introducir cambios normativos para perseguir y sancionar con mayor dureza las actividades de distribución ilegal de medicamentos en España. El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, y los consejeros autonómicos del ramo abordaron, el pasado 14 de enero en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, un documento sobre distribución farmacéutica inversa elaborado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) que aboga en esta dirección. Dicho informe insta, entre otras medidas, a cambiar el Código Penal para castigar con penas de prisión a aquellos profesionales implicados en este tipo de prácticas que la Guardia Civil ha destapado en distintas operaciones llevadas a cabo durante los últimos meses.

Aunque el pleno del CISNS no tenía como objeto alcanzar un acuerdo sobre esta materia, los consejeros de Sanidad sí mostraron su voluntad para seguir trabajando en la línea marcada por la AEMPS. La consejera gallega, Rocío Mosquera, resumió el enfoque adoptado por las regiones señalando que el objetivo es adoptar una posición común frente a este problema y "recrudecer las penas e incrementar las sanciones posibles, sobre todo económicas", según aseguró tras la reunión en el Ministerio de Sanidad.

La actual Ley 29/2006, de 26 de julio, ya tipifica como infracción muy grave "realizar, por parte de las oficinas de farmacia, actividades de distribución de medicamentos a otras oficinas de farmacia, almacenes mayoristas autorizados, u otras entidades, centros o personas físicas sin autorización para la actividad de distribución o bien la realización de envíos de medicamentos fuera del territorio nacional". Pero, como la misma Agencia recuerda, las farmacias que distribuyen alegan que no disponen de las recetas correspondientes, ante la discrepancia entre el número de recetas dispensadas al SNS y las recetas privadas frente al total de unidades distribuidas. De este modo, el hecho denunciado se convierte en una infracción leve y se impide una sanción mayor como se corresponde con la realización de una actividad ilegal de distribución. Además, algunas comunidades autónomas han regulado sanciones menores y hay diferencias manifiestas entre la normativa estatal y autonómica.

Ante estas dificultades para perseguir la distribución ilegal, el Gobierno está ya impulsando un cambio en el Código Penal para incluir penas de prisión. Sanidad y las comunidades autónomas trabajarán además en un Plan piloto de análisis de datos, en colaboración con la Agencia Tributaria y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que permita actuar y prevenir estas actividades.

Fuente: COFM