Nueva ley, venta de test COVID o teletraducción simultánea en la farmacia, propuestas para el 4 de mayo  

Madrid, 27 de abril. Con la excepción del Partido Socialista, los partidos políticos que concurren a las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid del próximo 4 de mayo apoyan, en mayor o menor medida, la necesidad de una nueva regulación de la farmacia que sustituya a la ley vigente desde 1999, según han defendido públicamente sus líderes o portavoces. Solo el Partido Popular lo asume como compromiso electoral.

La formación que lidera Isabel Díaz Ayuso, que ha gobernado la región con el apoyo de Ciudadanos y Vox, se propone aprobar una nueva Ley de Farmacia de la Comunidad de Madrid durante la próxima legislatura, como principal compromiso en el área de la farmacia. En el punto 212 de su programa electoral, plantea realizar los trámites de aprobación de esta norma con el objetivo de “modernizar la farmacia madrileña”.

“Esta ley pretende contribuir a la mejora de la calidad de la asistencia sanitaria recibida y percibida por los pacientes”, asegura el texto electoral. Entre otros objetivos destacados en el programa, “permitirá flexibilidad en los horarios de apertura de las oficinas de farmacia, posibilitará la existencia de secciones de dietética y nutrición, facilitará el tratamiento integral del paciente, incluyendo mecanismos de coordinación y seguimiento farmacoterapéutico entre los distintos estamentos sanitarios”.

Más allá del programa electoral, el portavoz del Partido Popular en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid, Eduardo Raboso, ha defendido públicamente la necesidad de actualizar la normativa sobre farmacia para estar preparados ante una nueva pandemia. En su opinión, debe darse cobertura jurídica a la atención farmacéutica domiciliaria, ya que las farmacias “han tenido que hacer cosas que estaban fuera de la ley, como la entrega de medicamentos a domicilio”, según sostuvo durante un debate organizado por la Asociación de Farmacéuticos de Madrid, el pasado 14 de abril.

Eduardo Raboso también ha destacado la importancia de trabajar de forma cooperativa, “como se está haciendo en el programa de vacunación del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, donde colaboran médicos, enfermeros y farmacéuticos”. En su visita al centro de vacunación del COFM, el doctor Raboso se mostró muy satisfecho de comprobar “cómo están trabajando, codo con codo, farmacéuticos, médicos y enfermeros”. “Es un reflejo de cómo tiene que funcionar la sanidad hoy en día, dentro de un concepto integral de la sanidad al servicio de los ciudadanos”, sostuvo.

Por su parte, el PSOE no incluye ninguna iniciativa relacionada con la farmacia en su programa electoral de 350 medidas. Su portavoz sanitario en la Asamblea de Madrid, José Manuel Freire, ha justificado esta decisión al señalar que “si algo no está estropeado, no lo arregles”. En su opinión, no es necesaria una nueva regulación porque la farmacia madrileña “funciona perfectamente, por lo que no hay que hacer nada”. Freire ha señalado que propuestas, como el pago específico del acto de la dispensación o la retribución de servicios farmacéuticos, deben formar parte de una regulación nacional.

Ciudadanos también se ha mostrado partidario de actualizar la regulación de la farmacia para “pasar a generaciones futuras un mejor sistema de farmacia”, según sostuvo su representante, José María Antón. La fórmula del partido naranja es abordarlo desde el consenso político y profesional, escuchando a las asociaciones de pacientes. Asimismo, se ha mostrado partidario de garantizar la sostenibilidad y viabilidad del modelo de farmacia, especialmente en los entornos rurales.

En su programa electoral, Ciudadanos reclama que las farmacias, las clínicas odontológicas y clínicas veterinarias puedan “vender y realizar test de detección COVID-19 por PCR, antígenos y anticuerpos a todos los ciudadanos, sin importar la zona en la que residan”. Los resultados de estas pruebas deberán comunicarse a las autoridades sanitarias, según precisa.

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, se ha referido al objetivo de modernizar la Ley de Farmacia para adaptar el sector al marco digital y potenciar la coordinación de la red de oficinas de farmacia con Atención Primaria, así como a la necesidad de adaptar la regulación de precios.

Teletraducción simultánea en la farmacia

El portavoz de Más Madrid, Diego Figuera, también se ha mostrado partidario de una nueva Ley de Farmacia que genere consenso político, si bien durante el debate organizado por Adefarma propuso la creación de “oficinas de dispensación de medicamentos hospitalarios para que sean más accesibles a la gente”. Una medida, sin duda, polémica en la que tampoco ofreció mayor detalle.

Otras medidas electorales recogidas en el programa de 212 propuestas sanitarias de la formación que lidera Mónica García son el reembolso de los copagos farmacéuticos y no farmacéuticos en rentas inferiores a 18.000 euros brutos anuales, entre otros colectivos, topes de aportación según renta en la población activa o el reembolso del copago farmacéutico y los copagos no farmacéuticos a las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en España.

Asimismo, Más Madrid se compromete a potenciar “la figura del farmacéutico de atención primaria en su labor formativa así como en el control compartido con los/as médicos/as y enfermeros/as de atención primaria de los pacientes polimedicados, potenciando las líneas de acción en relación con la prescripción, la deprescripción y el uso adecuado del medicamento, e integrando dicha figura en los Equipos de Atención Primaria”.

Otros compromisos recogidos son impulsar las oficinas de farmacia como “catalizadoras de salud de la comunidad, a través de la integración y coordinación con los diferentes activos de salud de los entornos sanitario, social y comunitario”. Para ello, se plantea incorporar a las oficinas de farmacia comunitaria en las distintas estrategias de salud pública y comunitaria, así como en las estrategias de reducción de las inequidades en salud, facilitando la identificación y notificación de barreras en el acceso a la salud (pobreza farmacéutica, situaciones de vulnerabilidad o exclusión social).

Incluye, asimismo, lanzar un sistema de incentivos “orientados a la atención al paciente y alineados con los intereses en salud de la comunidad, garantizando la sostenibilidad de la red de Oficinas de Farmacia Comunitaria, especialmente en el ámbito rural”.

Abogan igualmente por crear una Comisión de Farmacia de la Comunidad de Madrid que, entre otras funciones, implemente la dispensación de medicamentos hospitalarios en las oficinas de farmacia, así como las compras centralizadas de productos farmacéuticos y tecnologías sanitarias “que permitan reducciones sustanciales de los precios de los mismos, asegurando el abastecimiento del mercado farmacéutico”.

Por último, proponen extender “el sistema de teletraducción simultánea a la red de Oficinas de Farmacia Comunitaria para garantizar el acceso óptimo al medicamento a toda la población independientemente de su idioma, en particular a las personas migradas en riesgo de exclusión social, trabajando así hacia la consecución plena del tercer Objetivo de Desarrollo Sostenible”.

La portavoz de Sanidad de Vox, Gador Joya, ha reclamado públicamente llegar a acuerdos de remuneración de los servicios adicionales que prestan las farmacias y ha instado a alcanzar acuerdos con la farmacia “más ambiciosos con el fin de descargar de presión asistencial a la Atención Primaria”. Ha defendido igualmente que los pacientes institucionalizados decidan qué profesionales les deben dispensar los medicamentos. En el programa electoral del partido que lidera Santiago Abascal también se propone un “Plan de Emergencia Nacional Sanitaria que incluya pruebas masivas del COVID-19 a toda la población”.

Por último, la portavoz de Podemos, Vanesa Lillo, ha puesto énfasis en separar los servicios que presta el sistema público de los que podría prestar la red de oficinas de farmacia. “La excusa de los déficits no se puede utilizar para cubrirlos con otra cosa y hay que dotar de medios para cubrirlos”, aseguró en una reciente mesa redonda sobre el sector.

El programa electoral de la formación morada no menciona ni a los farmacéuticos ni a la farmacia, pero insiste en fórmulas como “la gestión pública directa” o “la eliminación del copago, que hace que muchas familias con pocos recursos tengan que renunciar a algunos servicios de atención a la dependencia”.

Juan Marqués