El Gobierno prevé ahorrar 2.200 millones más en política farmacéutica

El nuevo sistema de copago y la subida de la aportación reducida aportará 550 millones

Madrid, 28 de junio.  El Ministerio de Sanidad calcula que el Real Decreto 16/2012 permitirá ahorrar 7.500 millones de euros en el gasto sanitario. De este ahorro, 2.200 millones se obtendrán a costa de reducir el gasto en medicamentos, según adelantó ayer la ministra de Sanidad, Ana Mato, tras el pleno del Consejo Interterritorial del SNS.

La revisión del Nomenclátor de medicamentos generará un ahorro de 458 millones de euros y permitirá financiar los fármacos de última generación para enfermedades graves e invalidantes.

La previsión económica de cara a la entrada en funcionamiento del nuevo sistema de aportaciones del usuario en farmacia, que comenzará en julio, más la actualización del IPC de los medicamentos de aportación reducida, generará un ahorro estimado de 550 millones de euros.

El Gobierno justificó la medida asegurando que hacía más de 15 años que no se actualizaba el IPC de los fármacos de aportación reducida. Tras su publicación en el BOE, el pasado 9 de junio, estos medicamentos pasan a tener una aportación máxima del usuario de 4,13 euros.

Por otra parte, el sistema de revisión mensual y trimestral de precios, incluido, como las medidas anteriores, en el Real Decreto Ley 16/2012 de Medidas Urgentes para Garantizar la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, generará un ahorro durante los 12 meses siguientes a su aplicación de casi 1.189 millones de euros. Este sistema incluye medidas como:

-Creación y revisión de los precios de referencia.

-Revisión de los precios menores.

-Inclusión de nuevos genéricos.

-Inclusión de nuevos medicamentos.

-Aplicación del precio más bajo y nuevo sistema de gestión de bajadas voluntarias.

Además, las comunidades autónomas aprobaron un Acuerdo Marco para la selección de suministradores de vacunas del calendario infantil. Todas las comunidades autónomas, excepto una, se han adherido a este acuerdo, cuyo objetivo es reducir el coste del programa de vacunaciones en España. Con esta medida se obtendrá un ahorro estimado en 20 millones de euros.  

Por otra parte, el CISNS acordó también el Proyecto de Real Decreto por el que se regula la condición de asegurado y beneficiario de la asistencia sanitaria. Todos los ciudadanos que hayan cotizado a la Seguridad Social tendrán asegurada su tarjeta sanitaria, aunque estén desempleados. En cuanto a los mayores de 26 años que nunca hayan cotizado, tendrán la condición de titulares de la tarjeta por sí mismos, sin necesidad de ser beneficiarios de sus familiares. El único requisito es no superar unos ingresos de 100.000 euros anuales. Con este proyecto, además, se acaba con los abusos del turismo sanitario, que han costado casi 1.000 millones en un solo año, según destacó ayer la ministra.

Fuente: COFM