Viernes, 19 de agosto de 2022

Inglaterra. Las farmacias piden sanciones para resolver los problemas de suministro

Los farmacéuticos reclaman al Gobierno una exención en el derecho comunitario que permite el libre comercio de medicamentos

Londres, 15 de mayo. La Real Sociedad Farmacéutica (RPS, en sus siglas inglesas) ha reclamado cambios en el derecho comunitario para proteger la salud púbica antes que los beneficios en la distribución de medicamentos.

El presidente del Consejo del RPS de Inglaterra y portavoz, Lindsey Gilpin, asegura que "como farmacéutico, mi trabajo consiste en saber que cuando pido medicamentos para un paciente, llegarán rápidamente. Por ahora, estoy perdiendo horas llamando a los fabricantes para que me suministren de forma urgente medicamentos cuando debería estar centrado en aconsejar y ayudar a los pacientes". Gilpin añade que "los pacientes que han sufrido los efectos de un fallo en el sistema de suministro durante demasiado tiempo". El Gobierno y los agentes implicados en la cadena de distribución farmacéutico han firmado acuerdos voluntarios para mejorar el acceso a las medicinas, "pero no hemos visto ninguna mejora en absoluto", denuncia a pesar de la intervención del Departamento de Salud.

Desde la RPS se sostiene que se necesitan nuevas leyes en el Reino Unido para asegurar que los pacientes son lo primero. "Los medicamentos salvan vidas y no pueden ser vistos solamente como mercancías", advierte esta corporación en un comunicado. "Presionaremos al Gobierno para que introduzca una exención en el derecho comunitario para que los medicamentos no se comercializan de forma libre en Europa cuando esto supone una amenaza para la salud de los pacientes". Además, la RPS pedirá en paralelo a los fabricantes y distribuidores para hacer más por asegurar que los medicamentos llegan a las farmacias en 24 horas cuando se solicita y solicita al Gobierno para hacer un seguimiento activo de este objetivo.

Por su parte, Sue Sharpe, directora ejecutiva del Comité de Negociación de Servicios Farmacéuticos señala a C+J que "el Departamento de Salud ha estado demasiado centrado en las supuestas limitaciones que la legislación de la UE tiene en el Gobierno, en vez de buscar maneras de resolver el problema a través de medidas tales como una mayor flexibilidad en el régimen de contingentes, estandarización de los acuerdos de suministro de emergencia y gestión local de existencias en reserva".

Desde las asociaciones de farmacéuticos, como All Party Pharmacy Group (APPG), se reclama la imposición de sanciones a los laboratorios y distribuidores que no suministran medicamentos en un plazo de 24 horas, tal y como recomienda la guía de buenas prácticas publicada por el Departamento de Salud el pasado año. Esta asociación promovió la investigación de los desabastecimientos en noviembre de 2011 tras la falta de soluciones a un problema que arrastra el sector desde hacer dos años.

La Asociación Británica de Distribuidores Farmacéuticos también apoya cambios legales que obliguen a suministrar medicamentos en 24 horas. Su director ejecutivo, Martin Sawer, señala que "es esencial que el Gobierno responda a las recomendaciones de APPG". Estas recomendaciones sólo pueden ser efectivas si son obligatorias, sostiene, por lo que están pidiendo al Departamento de Salud y a la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios un mayor liderazgo a la hora de mejorar esta situación que ya dura demasiado y que Sawer tacha de "inaceptable".

Desde las compañías farmacéuticas se apunta a que el comercio paralelo de medicamentos no es nada nuevo y que las autoridades inglesas no decían nada cuando una libra fuerte significa que los medicamentos se podían conseguir más baratos en el extranjero. La tendencia puede invertirse pronto, ya que la libra se está apreciando respecto al euro en los últimos meses.

Fuente: RPS y C+S

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Portada Nº 66
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Desde las asociaciones de farmacéuticos, como All Party Pharmacy Group (APPG), se reclama la imposición de sanciones a los laboratorios y distribuidores que no suministran medicamentos en un plazo de 24 horas, tal y como recomienda la guía de buenas prácticas publicada por el Departamento de Salud el pasado año.

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