Buenos Aires, 18 de noviembre. La legislatura porteña aprobó la adhesión de la ciudad de Buenos Aires a la ley nacional que prohíbe la venta de medicamentos fuera de farmacias. De esta manera, Capital Federal se suma a los distritos que ponen las cosas en su lugar, evitando la presión de los grandes capitales que desde hace años hacen lobby para medicalizar la sociedad. Con 31 votos a favor, los bloques opositores de la Ciudad se unieron para derrotar al PRO, abanderado de los intereses de estos sectores concentrados. Una victoria de los farmacéuticos que se movilizaron a la legislatura y de todos los que estuvieron apoyando a lo largo y ancho del país.
Los votos de los bloques de Encuentro Popular para la Victoria, Solidaridad e Igualdad, UCR, Proyecto Sur, Unión Federal, Coalición Cívica y PJ permitieron que el proyecto de Rubén Campos tuviera el visto bueno. A partir de las 8.30, cuando el presidente del cuerpo habilitó el debate, se cruzaron fuerte estos espacios con el oficialismo porteño, que a capa y espada defendió su proyecto, que a primera vista era una ley hecha a la medida de Farmacity, varias veces nombrada por los legisladores como "alma Mater" de la estrategia macrista.
En las tribunas, miles de farmacéuticos mostraron su apoyo a la iniciativa que pone a la Ciudad nuevamente en el mapa sanitario local. En la votación en general, los 21 votos negativos del bloque PRO no pudieron evitar la aprobación de la norma, que en particular también fue aprobada por un contundente 31 a o, ya que los legisladores macristas se fueron del recinto (tal vez esperando que se caiga el quórum para comprar tiempo).
Si bien de entrada no usaron la palabra, los legisladores opositores que motorizaron el proyecto fueron contestando los argumentos del PRO, que comenzaron haciendo eje en el tema autonomía y que terminaron en una maraña de chicanas que desdibujaron la sesión. En este sentido, el legislador Jorge Selser, titular de la comisión de salud y uno de los impulsores más visibles de la ley, habló de "argumentos inconsistentes del macrismo", y destacó que los propios diputados nacionales del PRO votaron a favor de la ley 26.567.
Pese a los ataques, el autor del proyecto defendió su postura, y habló de "anteponer la salud pública a los negocios". Para el radical, "vuelve la racionalidad en el uso de los medicamentos y su manipulación estará en manos de los profesionales farmacéuticos formados para esto. Esto significa que disminuyen los riesgos del uso indiscriminado de medicamentos, y por sobre todas las cosas se genera un cambio conceptual en la política neoliberal de la década de los noventa que impuso la venta libre en todas partes".
"Vinimos trabajado el proyecto hace más de un año, se han buscado mil formas dilatorias para tratar de no llegar a la aprobación. Yo no vengo a poner chicanas, esta es la fuente natural de la discusión, se buscaron acuerdos y consensos y no se alcanzaron", dijo campos, que destacó que "toda la comunidad farmacéutica nacional está pendiente del único distrito que no adhirió a la ley nacional. El tutelaje del Estado respecto a la salud se perdió por este concepto neoliberal, que sigue tomando el medicamento como un bien de consumo y no como un bien social", reafirmó el legislador.
A medida que pasaba el tiempo, los discursos se fueron tensando. Hubo dos mociones de privilegio, donde se cruzaron feo Helio Rebot y Juan Cabandié, que acusó con todas las letras al gobierno porteño de "privilegiar los intereses de Farmacity y los laboratorios concentrados". La respuesta no se hizo esperar: desde el PRO acusaron al bloque K de ser "los reyes de Farmacity", por la cantidad de locales habilitados en la gestión anterior a Mauricio Macri.
Fuente: Mirada profesional.com
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Portada Nº 58Argentina ha puesto fin a los excesos que provocó el decreto de liberalización de la venta de medicamentos en 1991 que autorizó la dispensación de fármacos en quioscos o supermercados, entre otros establecimientos. En 2008, el Gobierno argentino dio marcha atrás al aprobar la ley nacional que prohibió la venta fuera de las farmacias. Ahora es la legislatura porteña quien aprueba su adhesión a la normativa nacional.
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