Martes, 16 de agosto de 2022

Los partidos se olvidan de los problemas de las farmacias

Los programas electorales no plantean soluciones reales a los impagos y a la caída de la rentabilidad del sector

Madrid, 18 de noviembre. La farmacia no cuenta o cuenta poco de cara a las elecciones generales del próximo 20 de noviembre. Los programas electorales presentados por las principales fuerzas políticas apenas recogen otras referencias que no sean generalidades sobre las oficinas de farmacia y ofrecen pocas soluciones a los problemas de impagos que afronta el sector.

Así el Partido Popular propone dentro del área sanitaria una política farmacéutica "sostenible, estable y previsible, que ponga en valor el esfuerzo investigador, que cuente con los profesionales farmacéuticos y se oriente al beneficio del paciente". Esta formación se compromete también a hacer "un especial esfuerzo para conseguir más eficiencia en el uso del medicamento en los centros públicos".

Por su parte, el Partido Socialista recoge la garantía de que las comunidades autónomas afrontarán el pago de la deuda con sus proveedores y se compromete a destinar 3.000 millones de euros anuales durante la próxima legislatura a este fin. Para controlar los costes, esta formación aboga por las compras centralizadas de medicamentos y productos sanitarios, políticas más eficientes de autorización y financiación selectiva de medicamentos. El PSOE fomentará así el uso de medicamentos genéricos y la dosificación personalizada para pacientes crónicos, adaptando los formatos de los medicamentos a las necesidades concretas y financiando sólo los medicamentos que sean más efectivos en función del coste.

El PSOE defiende además la incorporación del trabajo de la red de oficinas de farmacia en las políticas preventivas y de promoción de la salud. También fomentará la atención farmacéutica y la colaboración de los farmacéuticos con el resto de profesionales sanitarios en la mejora de la calidad de la prestación farmacéutica.

Otras fuerzas minoritarias como UPyD abogan por que el Estado asuma las competencias en Sanidad en exclusiva. La formación que lidera Rosa Díez considera que una de las prioridades sanitarias es "racionalizar el gasto farmacéutico" y propone combatir la hiperprescripción y el elevado consumo de medicamentos, especialmente entre el colectivo de pensionistas. Plantea también excluir de la financiación pública los equivalentes terapéuticos más caros y es el único partido que abiertamente defiende  la aportación de los pensionistas en la prestación farmacéutica, para igualarla con la de los trabajadores en activo, pero excluyendo aquellos con ingresos más bajos, así como un coste muy reducido para determinadas patologías crónicas.

En sus propuestas para una Sanidad pública y universal, Izquierda Unida plantea acabar con el desequilibrio existente entre las CCAA en gasto per cápita en Sanidad y propone incrementar la financiación sanitaria en un punto del Producto Interior Bruto, para alcanzar el 6,7 por ciento del PIB en gasto público en sanidad. IU reclama una financiación adicional finalista y rechaza el copago (re-pago, según su terminología) en la asistencia sanitaria, así como el ticket moderador. Además se compromete a ampliar el catálogo de coberturas sanitarias, de modo que incluya óptica, ortopedia y salud buco dental, y aboga por racionalizar el gasto de la prestación farmacéutica y adoptar medidas de uso racional del medicamento.

Por último, CiU apuesta por un Pacto de Estado sobre la sostenibilidad del sistema sanitario y un aumento de la financiación sanitaria mediante la mejora de los ingresos finalistas, mientras que el PNV basa sus propuestas en la reivindicación de competencias sanitarias en formación sanitaria especializada, control sanitario de las bajas e incapacidades laborales, sanidad exterior, además de la participación activa en la autorización, registro y fijación de precios de los medicamentos.

Fuente: COFM

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El PP propone dentro del área sanitaria una política farmacéutica "sostenible, estable y previsible, que ponga en valor el esfuerzo investigador, que cuente con los profesionales farmacéuticos y se oriente al beneficio del paciente". Por su parte, el PSOE recoge la garantía de que las comunidades autónomas afrontarán el pago de la deuda con sus proveedores y se compromete a destinar 3.000 millones de euros anuales durante la próxima legislatura a este fin.

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