Test de autodiagnóstico: ¿Por qué llegamos siempre tarde y mal?

Madrid, 21 de julio. Más de 100.000 fallecidos después y en la quinta ola de la pandemia que está arrasando España por segundo verano consecutivo, el Gobierno decidió ayer aprobar la norma que modifica el Real Decreto 1662/2000 sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro, con el fin de autorizar la venta al público en oficinas de farmacia y publicidad de productos de autodiagnóstico de la COVID-19 sin necesidad de receta.

Una vez publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado, el Real Decreto entrará en vigor a partir de mañana, 22 de julio. La oficina de farmacia se convierte así en el único canal autorizado de venta al público de los productos de autodiagnóstico que ofrece garantía sanitaria y cuenta con profesionales sanitarios perfectamente preparados para asesorar e informar en el uso correcto de los test de autodiagnóstico con el fin de obtener resultados fiables en las pruebas.

Como otras corporaciones y profesionales, el Colegio lamenta que el Ejecutivo haya sacrificado la posibilidad que ofrecían los farmacéuticos de oficina de farmacia de realizar los test de antígenos en la farmacia para registrar y comunicar así los resultados de las pruebas dentro del sistema de vigilancia epidemiológica, además del retraso en facilitar el acceso amplio de la población a productos de autodiagnóstico con una alta fiabilidad.

El cambio de posición y la tardanza del Ejecutivo en regular la venta de los productos de autodiagnóstico revela los bandazos de una gestión sanitaria difícil de explicar. Además de ser un clamor tanto del sector como de la propia sociedad española, el uso de test rápidos es una recomendación realizada por la propia Comisión Europea en diciembre. Hasta los ciudadanos se han preguntado con asombro y evidente malestar por qué no se dispensaban en las farmacias españolas y sí en las europeas, tal y como muchos farmacéuticos han constatado en las redes sociales.

Lo cierto es que casi cualquier europeo ha podido entrar en una farmacia e incluso en los supermercados, como sucede en Alemania desde marzo, para acceder a las pruebas de detección del coronavirus, mientras que España restringía esta posibilidad con la exigencia de una receta médica que ha contribuido a saturar los centros de salud.

Desde 2020, 14 países europeos (Austria, Bélgica, Chequia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Malta, Países Bajos, Portugal, Rumanía, Suecia, Turquía y Reino Unido) permiten a sus ciudadanos adquirir libremente un test autorizado de COVID-19 en la farmacia o bien realizarse la prueba directamente por farmacéuticos formados dentro de protocolos establecidos por las autoridades sanitarias, conscientes de la importancia de aumentar su capacidad de diagnóstico para frenar el virus.

En España, en cambio, el Gobierno ha paralizado su regulación, desde que se anunció a finales de abril, hasta que la quinta ola de contagios ha cortocircuitado la campaña de turismo de verano.

Las razones esgrimidas por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, al anunciar el Real Decreto sirven, igualmente, para la segunda, tercera y cuarta ola: reforzar la capacidad de diagnóstico para identificar positivos y controlar mejor la progresión de la pandemia.

Nadie en el Ministerio de Sanidad ha ofrecido una explicación convincente que justifique la demora ni el bloqueo a que los farmacéuticos participen en la detección precoz del virus a través de la realización de tests de antígenos que, únicamente, están autorizados en la Comunidad de Madrid en el marco de campañas de cribados y bajo prescripción médica.

Experiencia europea

La experiencia de los países de nuestro entorno recogida en un informe por el Grupo Farmacéutico de la UE (PGEU) es suficiente aval para defender una medida que permitirá a la población acceder de forma rápida y segura a medios diagnósticos eficaces para controlar la pandemia, en un momento, además, en que la transmisión del coronavirus se ha disparado, sobre todo, entre los más jóvenes.

En Francia, por ejemplo, desde octubre de 2020, los farmacéuticos galos realizan test de antígenos a la población. Estas pruebas son de acceso libre, aunque los pacientes sintomáticos, así como sus casos de contacto, tienen prioridad. En solo seis meses, la farmacia gala había realizado 12 millones de tests. Los farmacéuticos también pueden dispensar test de autodiagnóstico sin receta y desde julio pueden suministrarlos a las empresas con menos de 50 trabajadores.

Italia también autorizó en otoño las pruebas diagnósticas en la red de farmacias de las regiones más afectadas para extenderlas más tarde al resto del estado. Cerca de un tercio de todos los test de antígenos realizados en Italia se han llevado a cabo en las farmacias.

Austria es otro país que decidió sumar a los farmacéuticos a su red de detección. Desde noviembre, las farmacias pueden ofrecer test rápidos a personas asintomáticas. Entre los requisitos, los farmacéuticos deben formarse en el uso correcto de estas pruebas, así como reportar los casos positivos a las autoridades sanitarias. Desde marzo de 2021, la población puede recibir test de autodiagnóstico en las farmacias hasta un máximo de cinco por persona y mes. En los dos primeros días, las farmacias dispensaron dos millones de tests de antígenos.

En países como Chipre, sus autoridades retribuyen a los farmacéuticos por prestar este servicio a la población.

El presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, Luis González Díez, ha mostrado su satisfacción por que los ciudadanos puedan entrar en una farmacia para saber si están contagiado o no, de una forma rápida y segura. “Son los ciudadanos los que nos han reclamado todos los días la venta de productos de autodiagnóstico en las farmacias. Nadie entiende que después de tantos meses de pandemia, después de que los farmacéuticos madrileños hayamos demostrado la utilidad de esta medida, se haya frenado durante tanto tiempo esta medida por razones que nadie comprende”, se lamenta.

Por otra parte, Luis González ha recordado, además, que “los farmacéuticos estamos colaborando desde el principio y, como profesionales sanitarios, estamos en condiciones de realizar los test de antígenos, registrar los resultados obtenidos y también de ayudar en la vacunación, como hemos demostrado inmunizando a 12.000 compañeros en la sede colegial. Al final, el Gobierno ha preferido otras vías que, en el caso de los test, no aseguran el control de los resultados obtenidos por el sistema de vigilancia epidemiológica y que obligan a acudir a los centros de salud para confirmar los positivos obtenidos”.

Juan Marqués