Viernes, 8 de noviembre de 2024

Francia debate sobre el papel de la farmacia en las urgencias sanitarias

Un informe presentado por un diputado del partido del Gobierno propone nuevas atribuciones profesionales para descargar de trabajo a los médicos

París, 24 de mayo. Thomas Mesnier, médico de urgencias y diputado de Charente del partido del presidente Emmanuel Macron, La República en Marcha, es el autor del informe "Garantizar el primer acceso a la atención", que presentó el 22 de mayo a la ministra de Salud, Agnès Buzyn. La propuesta abre la posibilidad de que los profesionales de la salud, incluidos los farmacéuticos, intervengan en la gestión de la atención médica no programada ante el vacío legal.

El informe aborda los cuidados no programados que se producen fuera del horario de guardia médica, con el objetivo de encontrar soluciones al "enorme crecimiento de los servicios de urgencia" hospitalarios por causa del envejecimiento de la población y la disminución del número de médicos generalistas. Según su autor, hay que "hacer de la actualización de los cuidados no programados una prioridad de los profesionales comunitarios territoriales de salud.

Thomas Mesnier sugiere asociar los farmacéuticos a las residencias de ancianos e incluso a los hospitales con un requisito. "Es imperativo (...) liberar el tiempo médico útil, fomentando mucho más la división de tareas entre médicos y otros profesionales de la salud, como enfermeros, fisioterapeutas o farmacéuticos". El informe recuerda que las farmacias "constituyen una puesta de entrada a los cuidados que está siempre abierta y por eso están bien situadas para ofrecer primeros cuidados". La dispensación de la píldora del día siguiente o el éxito del piloto de vacunación en la farmacia son la prueba, según los sindicatos de farmacéuticos consultados en el marco de este informe. Es por lo que proponen permitir a la profesión dispensar "un cierto número de tratamientos por la cistitis o las anginas, los analgésicos de nivel 2 o el tratamiento de las alergias estacionales", después de establecer un protocolo.

Los representantes de los farmacéuticos avanzan facilitar el acceso a los cuidados que pueden constituir el reembolso de la dispensación sin prescripción de medicamentos en ciertas patologías comunes. Eso permitiría evitar a los pacientes que no tienen los medios de comprar los medicamentos ir a las urgencias para obtener una prescripción. Económicamente, los farmacéuticos citan un estudio de IMS Health que cifra en 850 millones de euros el coste de los tratamientos comunes, de los que 690 millones de euros están ligados a las consultas médicas necesarias para obtener una prescripción. También indican que deberían celebrarse consultas con el Ministerio de Solidaridades y Salud sobre el desarrollo del decreto sobre el asesoramiento y prestaciones susceptibles de dispensarse en las farmacias en aplicación del artículo 38 de la Ley de 21 de julio de 2009.

Otra de las recomendaciones planteadas en el documento es promover las visitas a domicilio y dividirlas entre los profesionales de la salud. Para ello hay que actualizar las tarifas de la visita y facilitar su delegación a otros profesionales de la salud en el marco de protocolos nacionales, recoge el informe.

La necesidad de un decreto sobre los "asesoramientos y prestaciones", en aplicación del artículo 38 de la Ley Hospital, Pacientes, Salud y Territorios para desbloquear todas estas nuevas funciones que Thomas Mesnier considera como "asesoramiento y actos", es lo que una vez más se echa en falta. Pero el Consejo de Estado ha obligado al Gobierno a tomar sus disposiciones de aquí al próximo mes de julio.

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Portada Nº 145
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Costes de consultas y Urgencias

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Los representantes de los farmacéuticos quieren facilitar el acceso a los cuidados que pueden constituir el reembolso de la dispensación sin prescripción de medicamentos en ciertas patologías comunes. Eso permitiría evitar a los pacientes que no tienen los medios de comprar los medicamentos ir a las urgencias para obtener una prescripción. Económicamente, los farmacéuticos citan un estudio de IMS Health que cifra en 850 millones de euros el coste de los tratamientos comunes, de los que 690 millones de euros están ligados a las consultas médicas necesarias para obtener una prescripción que plantea ahorrar la ministra de Salud, Agnès Buzyn.

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